A partir de este mes, las oficinas de Vivienda de Barcelona y la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Madrid ofrecerán un servicio gratuito a los ciudadanos que necesiten reclamar cláusulas suelo, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinaba que los bancos debían devolver lo cobrado de más por estas cláusulas de sus hipotecas.
El concejal de vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, acompañado por el juez José María Fernández Seijó, explicaron ayer esta nueva función del gobierno municipal, previo al inicio de la formación. Las clases serían impartidas por Fernández Seijó y el abogado Martí Batllori y dirigidas a los 40 trabajadores de las oficinas de vivienda. Los técnicos del Ayuntamiento, estos son, personal de dirección, gestión y abogadas, serán quienes guíen a todos aquellos afectados por la problemática hipotecaria. También, anunciaron que se activará un servicio para acompañar a las personas en riesgo de exclusión social, atendiendo así a las medidas que marca la ley 4/2016 sobre protección del derecho a la vivienda.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ofrece este servicio a través del programa de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica. Las consultas de los ciudadanos servirán para aclarar si su hipoteca cuenta con una cláusula suelo y evalúar la cuantía aproximada de la reclamación. También, cubrirán las dudas de los afectados en otros conceptos de la escritura e inscripción de la hipoteca. Se ofrecerá desde su oficina central, en la calle Príncipe de Vergara, 140. En Barcelona estarán repartidos en las oficinas distribuidas en los distritos de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona recordaron que el consumidor puede ir directamente a los tribunales o bien acudir a este proceso previo de negociación con el banco. Uno de los objetivos es que en último término siempre sean los jueces quienes resuelvan el conflicto. Desde el gobierno municipal de Madrid puntualizaron que este dispositivo se adaptará a los términos que se establezcan en la regulación que marca el Real Decreto.
La función del Ayuntamiento será la de asesorar al consumidor que "frente a algunos profesionales, aprovechando el tsunami de las cláusulas suelo, puedan generar un coste adicional a los ciudadanos", advirtió Seijó, haciendo referencia a los cientos de servicios que se anuncian estos meses para ayudar a los afectados: "Si te coge un desaprensivo de estos que te obligan a firmar una cláusula de la renuncia de lo que te tienen que devolver o a pagos adelantados,es un flaco favor a los consumidores", lamentó.
El nuevo servicio ayudará a transmitir información de forma clara y transparente de cómo deben rellenar los formularios de reclamaciones y dónde depositarlos. "El Ayuntamiento será proactivo, pero no de intermediario", aclaró el juez que recordó que el consistorio tiene la función de proteger a sus ciudadanos. "La cosa es que cualquier ciudadano elija qué asesoramiento le genera más confianza y todos podamos colaborar", puntualizó Seijó. Recordó que el Colegio de Abogados de Barcelona también ha abierto una oficina de asesoramiento gratuito a los ciudadanos.
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